Con 26 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, el Congreso de Chiapas aprobó hoy la iniciativa del código que establece el uso legítimo de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad pública estatal.

La reforma regula el uso de la fuerza pública ante movimientos, disturbios y protestas sociales, así como avala el uso de armas no letales para dispersar manifestaciones violentas.

Estuvieron en contra de la polémica iniciativa cuatro legisladores de oposición: dos diputadas del PRD, Alejandra Soriano y Hortensia Zúñiga; un legislador del Movimiento Ciudadano (MC), Vladimir Balboa; Sonia Catalina Álvarez, del PT, y la panista Gloria Luna Ruiz, quien se abstuvo de respaldar la propuesta. Mientras que la mayoría votó a favor de la iniciativa presentada por el gobernador Manuel Velasco.

El nuevo Código considera que una manifestación es violenta cuando un grupo de personas se encuentra armado, o bien en la petición que se hace ante la autoridad se hace uso de amenazas para intimidar u obligar a resolver en el sentido que se deseen, o se incita a la comisión de un delito o se perturba la paz pública y la seguridad ciudadana. En caso de manifestaciones pacíficas se podrán armar operativos preventivos para, entre otros, resguardar bienes de terceros en caso de que la protesta se torne violenta.

Además, se establecen protocolos de actuación de las corporaciones durante las detenciones y otras forma de intervención para resguardar la seguridad pública.

El Código también define, clasifica y establece las reglas para el uso legítimo de la fuerza pública, incluyendo el uso de armas bajo los principios de “legalidad, racionalidad, proporcionalidad, congruencia, oportunidad, estricta necesidad y con respeto y protección de los derechos humanos”.

Acerca del sustento legal y consideraciones de este nuevo marco jurídico, el diputado Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), reiteró que existía una mala apreciación del fondo y objetivo de esta iniciativa remitida por el Ejecutivo estatal, pues no se trata de un candado para amagar marchas o manifestaciones públicas.

“La iniciativa pone y marca reglas claras en la utilización legítima de la fuerza pública, no sólo en casos de manifestación y motín, sino también en los casos en los que se cometan delitos agravados que pongan en riesgo la vida o integridad física de la ciudadanía”, aseguró.

Precisó que el Código aprobado contiene protocolos de actuación recomendados por la Cruz Roja Internacional, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y hasta por el relator de la ONU para la prevención de la tortura, quien recientemente visitó Chiapas.

La iniciativa también establece que los funcionarios o integrantes de las instituciones de seguridad pública, antes de recurrir al uso de la fuerza pública, durante el desempeño de sus funciones, utilizarán y agotarán todos los medios posibles no violentos que tengan a su alcance, y únicamente podrán hacer uso legítimo de la fuerza cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen el logro del resultado previsto, y cuando ocurran las circunstancias siguientes: por legítima defensa, en cumplimiento de un deber o de alguna orden lícita girada por autoridad competente, para controlar a la persona que resista a la detención ordenada por una autoridad competente luego de haber infringido alguna disposición jurídica, para prevenir la comisión de conductas ilícitas y para proteger o defender bienes jurídicos tutelados.

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