Gobierno de López Obrador impulsará derecho a muerte digna

La próxima administración promoverá la Ley de Voluntad Anticipada en todo el país.

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La futura titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, anunció que la administración de Andrés Manuel López Obrador impulsará la Ley de Voluntad Anticipada para su adopción en todos los estados de la República.

La normativa establece que toda persona tiene derecho a una muerte digna en el caso de los pacientes con una enfermedad terminal. De esta manera, el afectado puede elegir qué tipo de tratamiento médico desea recibir ante padecimientos mortales o accidentes.

Esta regulación respeta la decisión de las personas a ser tratadas o no cuando sufren enfermedades mortales, es decir, pueden renunciar a recibir los tratamientos necesarios para alagar su vida debido a la incapacidad de sus organismos de mantenerse de forma natural.

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“Se promoverá en todo el territorio la Ley de Voluntad Anticipada, y en todas las entidades federativas que aún no cuenten con ella, se promoverán reformas en los códigos civiles para consagrar el derecho a una muerte digna”, sentenció.

Sánchez Cordero dio a conocer su postura y la del próximo gobierno durante una ponencia en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Entre los estados que ya cuentan con esta legislación se encuentran la Ciudad de México, Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila y el Estado de México, por mencionar algunos.

Aunque la normativa tiene varios detractores, la Encuesta Nacional sobre Muerte Digna 2016 arrojó que la mayoría de la población está a favor de su reconocimiento. Más del 63 por ciento dijo estar de acuerdo con su inclusión en las leyes locales, mientras que el 31.7 por ciento se manifestó en contra.

Los especialistas piden no confundir ni tergiversar la legislación, ya que se ha prestado a malinterpretaciones con leyes de otros países que incluyen el suministro de sustancias letales, un procedimiento mejor conocido como eutanasia.

El 56.4 por ciento de los mexicanos está de acuerdo con que un doctor ayude a morir al paciente a través de sustancias letales, mientras que el 43.6 por ciento no apoya esta clase de procedimientos.